3,7% a 4,9% del PIB regional es el equivalente anual promedio de la inversión climática estimada hasta 2030 en ALC, según el informe (CEPAL, 2025).

2,1 a 2,8 billones de dólares es el rango de inversión acumulada estimada hasta 2030 en ALC para cumplir compromisos climáticos, según el informe (CEPAL, 2025).

El 12% sería el incremento de productividad de la región incluso si alcanzara determinados niveles de referencia (según el análisis reportado) (CEPAL, 2025).

Proyecto de innovación orientado a desarrollar y validar un proceso piloto de bioconversión de residuos orgánicos mediante la cría controlada de insectos, para producir biofertilizantes y pellets proteicos destinados a mejorar la productividad agrícola y la alimentación animal. La iniciativa se desarrolla en la región de Tarapacá y busca promover sistemas agroalimentarios sostenibles en zonas áridas mediante la valorización de residuos, el aprovechamiento de biomasa de insectos, la mejora de la fertilidad del suelo y la generación de insumos agrícolas y pecuarios de origen local.

Iniciativa de inversión orientada a mejorar el acceso a mercados de productores rurales de pequeña escala, mediante la promoción de alianzas productivas entre organizaciones de productores y compradores, el fortalecimiento de organizaciones de base autogestionadas, el incremento del acceso a activos productivos, tecnología y servicios financieros, y el fomento de prácticas productivas ambientalmente sostenibles y resilientes frente al cambio climático, con énfasis en el uso eficiente del agua de riego.

Cooperación técnica orientada a mejorar la rentabilidad agrícola y la sostenibilidad ambiental en la Amazonía peruana mediante una plataforma PhyGital (física y digital) que combina asesoramiento agronómico personalizado basado en inteligencia artificial con la distribución trazable de insumos agrícolas para pequeños productores de cacao en las provincias de Juanjui y Tocache (San Martín). La iniciativa integra identidad digital en blockchain, una red descentralizada de emprendedores locales denominados "Inges Agrayu" con enfoque de género, y monitoreo satelital de deforestación, buscando incrementar la productividad en un 19% e inducir una reducción del 17% en la tasa de deforestación local. Fue seleccionada mediante la convocatoria Amazonía BioBuilders (RG-O1711) y se enmarca en el Programa Amazonía Siempre del Grupo BID, con proyección de escalar a más de 20.000 familias productoras en la región amazónica.

La Resolución SENASA 199/2026 aprueba un nuevo marco regulatorio para la Evaluación de Aptitud Alimentaria Humana y Animal de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y sus productos derivados en Argentina. La norma moderniza el régimen vigente desde 2002 e incorpora un enfoque científico basado en hipótesis de riesgo, que permite adecuar la información exigida a las características de cada caso y concentrar el análisis en aquellos aspectos relevantes para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano y animal. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo dependiente de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, es la autoridad de aplicación y responsable de efectuar las evaluaciones. La Resolución establece requisitos para solicitar la evaluación, criterios y fundamentos científicos, procedimientos de análisis de riesgo para OGM vegetales, protección de información confidencial, mecanismos de evaluación y un régimen de sanciones por incumplimiento. La norma abroga la Resolución SENASA 412/2002 y complementa el marco regulatorio nacional actualizado para las actividades con organismos genéticamente modificados.

El Decreto Legislativo No. 510 crea la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA) y establece el marco jurídico e institucional para el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas en El Salvador bajo el enfoque de economía azul. La ASEA es una institución oficial autónoma de derecho público, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Economía, y ejerce la rectoría del sector pesquero y acuícola. Sus competencias incluyen regular el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, autorizar, monitorear e inspeccionar actividades pesqueras y acuícolas, otorgar, suspender y revocar autorizaciones y licencias, aplicar medidas preventivas y sanciones, fortalecer la trazabilidad, calidad e inocuidad de los productos, promover el desarrollo sostenible de cadenas de valor, innovación, investigación científica, transferencia tecnológica, acceso a mercados y coordinación con instituciones públicas, sector empresarial y organismos internacionales. El marco busca contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, el crecimiento económico, la generación de empleo e ingresos y el uso racional de los recursos marinos y de agua dulce sin comprometer la conservación del medio ambiente.

La Resolución 255/2026 del Ministerio de Economía de Argentina actualiza el marco regulatorio aplicable a las actividades que involucran organismos genéticamente modificados (OGM), incluidos sus productos y subproductos derivados, de uso agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. La norma exige autorización previa para la liberación al agroecosistema de OGM regulados y establece procedimientos para actividades experimentales y para la autorización de comercialización. Para esta última contempla, según la naturaleza y el uso propuesto del OGM, evaluaciones de riesgo para el agroecosistema, aptitud alimentaria humana y animal e impactos sobre la producción y comercialización, con plazos definidos y posibilidad de evaluación simultánea. También incorpora una Instancia de Consulta Previa, mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes, medidas de inspección y control, intervención de materiales, revocación de permisos y otras consecuencias ante incumplimientos. La resolución deroga la Resolución 763/2011 y designa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca como Autoridad de Aplicación.

Iniciativa de inversión orientada a mejorar el acceso a mercados de productores rurales de pequeña escala, mediante la promoción de alianzas productivas entre organizaciones de productores y compradores, el fortalecimiento de organizaciones de base autogestionadas, el incremento del acceso a activos productivos, tecnología y servicios financieros, y el fomento de prácticas productivas ambientalmente sostenibles y resilientes frente al cambio climático, con énfasis en el uso eficiente del agua de riego.

Proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del musgo marino en Santa Lucía mediante la implementación de marcos de cultivo sostenible. Se centra en la transferencia tecnológica, el rescate de conocimientos ecológicos locales y la creación de mecanismos de gobernanza para equilibrar el sustento económico de las comunidades costeras con la conservación de los ecosistemas marinos.

Esta iniciativa buscó fortalecer la participación de comunidades indígenas de Guatemala en la gestión y uso sostenible de la biodiversidad, particularmente en relación con plantas medicinales tradicionales. A través de una colaboración entre instituciones académicas y consejos de ancianos mayas, el proyecto documentó conocimientos tradicionales, promovió la conservación de especies medicinales amenazadas y fortaleció capacidades locales para implementar el mecanismo de acceso y reparto justo de beneficios (ABS) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La iniciativa contribuyó a vincular la conservación de la biodiversidad con la salud comunitaria, la investigación científica y la protección del conocimiento tradicional.