55,9% y 55,4% fueron las tasas de informalidad masculina y femenina en ALC (OECD, 2024).

3 de cada 10 mujeres jóvenes lograron empleo en 2022 (OECD, 2024).

39,6% de empleo juvenil se observó en ALC en 2022 (OECD, 2024).

Programa nacional ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica para mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la participación económica de pequeños y medianos productores agropecuarios. La operación utiliza un esquema de financiamiento por resultados (Program-for-Results, PforR) y cuenta con un financiamiento total de US$695 millones: US$555 millones aportados como contrapartida por el Gobierno de Costa Rica, US$120 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial) y US$20 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El programa contempla la modernización de los servicios públicos de extensión, una plataforma digital de información de productores, trazabilidad agropecuaria, infraestructura productiva y de cadena de frío, asistencia técnica, acceso a financiamiento para la adopción de prácticas NAMA y mecanismos de pago por servicios ambientales vinculados con el secuestro de carbono en suelos agrícolas. El Programa beneficiará directamente a 10.500 productores y alcanzará a 30.000 productores de manera directa e indirecta, equivalentes a unas 90.000 personas al incluir miembros de sus familias, con atención explícita a mujeres y jóvenes.

Proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) orientado a la recuperación temprana de la seguridad alimentaria y de los medios de vida de emergencia de mujeres afectadas por los terremotos en Venezuela. OCHA Financial Tracking Service registra un compromiso de USD 500.000 del Gobierno de Bélgica destinado a FAO y clasificado en el sector de seguridad alimentaria.

Iniciativa de inversión pública orientada a aumentar los ingresos y promover medios de vida sostenibles en los sectores de agricultura y turismo de Belice. El programa busca mejorar la competitividad, la resiliencia frente al cambio climático y la sostenibilidad ambiental de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante financiamiento, asistencia técnica, desarrollo de capacidades empresariales y apoyo a inversiones productivas sostenibles. La operación es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo mediante un préstamo de USD 15 millones.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la guía de los objetivos y acciones del Gobierno de México en los próximos años. Estos objetivos consisten en consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad.

El Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) es el principal mecanismo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para canalizar financiamiento climático y ambiental hacia pequeños productores. Desde 2012, el programa integra recursos de donación en las operaciones regulares del FIDA para ampliar la adaptación al cambio climático en el desarrollo rural y fortalecer la resiliencia de los medios de vida agrícolas. ASAP apoya la evaluación de riesgos climáticos, los servicios de información climática, la gestión sostenible de los recursos naturales, el empoderamiento de las mujeres, el acceso a financiamiento e incentivos para inversiones climáticamente inteligentes, la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Su fase ampliada, ASAP+, incorpora de manera más explícita la seguridad alimentaria y la atención de territorios frágiles o afectados por conflictos.

Decreto del Congreso de la República de Guatemala que aprueba las negociaciones y autoriza la suscripción de los convenios de préstamo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional para financiar el Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte. El financiamiento está dirigido a apoyar un programa orientado a reducir la pobreza, prevenir la discriminación y exclusión de las poblaciones rurales más pobres, indígenas y no indígenas, incrementar y diversificar la producción nacional y promover el desarrollo socioeconómico rural de manera ambientalmente sostenible y con equidad de género. El Decreto establece las principales condiciones financieras de los préstamos, asigna al Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, la responsabilidad de cumplir las obligaciones financieras y dispone que la adquisición de bienes, obras y servicios financiados con esos recursos se rija por los respectivos convenios.

Proyecto ejecutado en seis regiones de Guyana para mejorar las condiciones sociales y económicas de los hogares rurales pobres, especialmente de pequeños productores y grupos vulnerables. READ amplió el acceso a servicios financieros y fortaleció el desarrollo empresarial y de mercados, la asistencia técnica, la extensión y la capacitación. El grupo objetivo comprendía 5.200 hogares rurales, equivalentes a unas 20.800 personas, con atención particular a hogares encabezados por mujeres, jóvenes, comunidades amerindias, productores de cultivos no tradicionales y operadores de micro y pequeñas empresas rurales. El Ministerio de Agricultura fue la agencia ejecutora y el FIDA aportó financiamiento mediante un préstamo y una donación.

Esta iniciativa es un Préstamo de Inversión para Proyecto Específico (HO-L1259) en Honduras, con el ICF como organismo ejecutor, orientada a conservar y restaurar la cobertura forestal y sus servicios ecosistémicos en áreas priorizadas. El objetivo general es contribuir a conservar y restaurar la cobertura forestal, y sus objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de prácticas forestales y agroforestales (SAF/SSP) que aumenten la cobertura forestal, (ii) diversificar los medios de vida de la forestería comunitaria, y (iii) fortalecer la capacidad institucional del ICF para la conservación y el manejo forestal. El proyecto se implementará en municipios seleccionados de Olancho, Yoro, Atlántida, Colón y El Paraíso, priorizados con criterios ambientales y sociales vinculados a la restauración forestal, hidrología y vulnerabilidad climática, entre otros. Sus componentes principales incluyen: (I) adopción de SAF/SSP con asistencia técnica y paquetes tecnológicos, (II) gestión forestal comunitaria con planes de negocio, asistencia técnica integral e intercambios de conocimiento, y (III) fortalecimiento institucional del ICF (registro y monitoreo forestal, prevención/gestión de incendios, revisión/actualización normativa y aspectos de tenencia de la tierra). El financiamiento total previsto es de US$25 millones (60% capital ordinario regular y 40% concesional), con clasificación socioambiental Categoría B y riesgo socioambiental Sustancial, contemplando instrumentos de gestión ambiental y social (AAS, PGAS y PPPI) y requisitos de Normas de Desempeño Ambientales y Sociales aplicables.

Esta iniciativa busca fortalecer sistemas productivos agroforestales sostenibles en fincas cafeteras que contribuyan al cierre de la frontera agropecuaria para la reducción de la deforestación y la generación de ingresos para pequeños productores rurales. El proyecto incluye el establecimiento de aproximadamente 2.000 hectáreas de sistemas agroforestales mediante la siembra de 500.000 árboles forestales, el fortalecimiento de 600 hectáreas de plantaciones de café existentes, y el fortalecimiento del proceso productivo para la reducción de impactos ambientales. Se implementará un programa de extensión agroforestal con enfoque de género que incluye capacitación técnica, planes comerciales y acuerdos voluntarios de cero deforestación. La iniciativa beneficiará a pequeños productores cafeteros en los departamentos de Cesar, Magdalena, Santander y Norte de Santander, priorizando población vulnerable, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas con un mínimo del 25% de participación de mujeres.