55,9% y 55,4% fueron las tasas de informalidad masculina y femenina en ALC (OECD, 2024).

3 de cada 10 mujeres jóvenes lograron empleo en 2022 (OECD, 2024).

39,6% de empleo juvenil se observó en ALC en 2022 (OECD, 2024).

Fortalecimiento de oportunidades económicas, capacidades productivas y medios de vida de mujeres indígenas.

Programa de desarrollo rural orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias y organizaciones económicas productivas vinculadas al sistema de producción de camélidos del Altiplano boliviano. La intervención fortaleció la base productiva, la gestión sostenible de los recursos naturales, la transformación y comercialización de productos derivados de camélidos y el acceso a servicios financieros, mediante inversiones productivas, asistencia técnica, planes de negocio y articulación a mercados.

Programa nacional ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica para mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la participación económica de pequeños y medianos productores agropecuarios. La operación utiliza un esquema de financiamiento por resultados (Program-for-Results, PforR) y cuenta con un financiamiento total de US$695 millones: US$555 millones aportados como contrapartida por el Gobierno de Costa Rica, US$120 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial) y US$20 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El programa contempla la modernización de los servicios públicos de extensión, una plataforma digital de información de productores, trazabilidad agropecuaria, infraestructura productiva y de cadena de frío, asistencia técnica, acceso a financiamiento para la adopción de prácticas NAMA y mecanismos de pago por servicios ambientales vinculados con el secuestro de carbono en suelos agrícolas. El Programa beneficiará directamente a 10.500 productores y alcanzará a 30.000 productores de manera directa e indirecta, equivalentes a unas 90.000 personas al incluir miembros de sus familias, con atención explícita a mujeres y jóvenes.

Espacio permanente de los pueblos indígenas u originarios del Perú encargado de gestionar, articular, intercambiar, sistematizar, difundir y dar seguimiento a sus propuestas de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. La Plataforma promueve la incorporación de conocimientos, prácticas y saberes tradicionales y ancestrales en la gestión climática, fortalece las capacidades de los pueblos indígenas y sus organizaciones y articula sus propuestas con entidades estatales y no estatales y con los procesos de formulación, implementación, monitoreo y actualización de instrumentos de acción climática.

El Marco de Programación de País México-FAO 2026-2031 orienta durante seis años las prioridades, metas y mecanismos de cooperación técnica y financiera entre el Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Su propósito es acelerar la transición hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Organiza la cooperación en las dimensiones de personas, prosperidad y planeta e incluye acciones sobre productividad, nutrición, financiamiento, tecnología, mercados, compras públicas, cadenas cortas de comercialización, gestión sostenible del agua, suelos, bosques y pesca, protección social, igualdad de género e inclusión productiva. Los seis bloques de resultados representan una cartera cercana a 140 millones de dólares para 2026-2031, de los cuales aproximadamente 54 millones ya cuentan con recursos identificados y 86 millones deberán movilizarse. El seguimiento será realizado conjuntamente por la SRE, SADER, AMEXCID y la FAO.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la guía de los objetivos y acciones del Gobierno de México en los próximos años. Estos objetivos consisten en consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad.

Proyecto ejecutado en seis regiones de Guyana para mejorar las condiciones sociales y económicas de los hogares rurales pobres, especialmente de pequeños productores y grupos vulnerables. READ amplió el acceso a servicios financieros y fortaleció el desarrollo empresarial y de mercados, la asistencia técnica, la extensión y la capacitación. El grupo objetivo comprendía 5.200 hogares rurales, equivalentes a unas 20.800 personas, con atención particular a hogares encabezados por mujeres, jóvenes, comunidades amerindias, productores de cultivos no tradicionales y operadores de micro y pequeñas empresas rurales. El Ministerio de Agricultura fue la agencia ejecutora y el FIDA aportó financiamiento mediante un préstamo y una donación.

Esta iniciativa es un Préstamo de Inversión para Proyecto Específico (HO-L1259) en Honduras, con el ICF como organismo ejecutor, orientada a conservar y restaurar la cobertura forestal y sus servicios ecosistémicos en áreas priorizadas. El objetivo general es contribuir a conservar y restaurar la cobertura forestal, y sus objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de prácticas forestales y agroforestales (SAF/SSP) que aumenten la cobertura forestal, (ii) diversificar los medios de vida de la forestería comunitaria, y (iii) fortalecer la capacidad institucional del ICF para la conservación y el manejo forestal. El proyecto se implementará en municipios seleccionados de Olancho, Yoro, Atlántida, Colón y El Paraíso, priorizados con criterios ambientales y sociales vinculados a la restauración forestal, hidrología y vulnerabilidad climática, entre otros. Sus componentes principales incluyen: (I) adopción de SAF/SSP con asistencia técnica y paquetes tecnológicos, (II) gestión forestal comunitaria con planes de negocio, asistencia técnica integral e intercambios de conocimiento, y (III) fortalecimiento institucional del ICF (registro y monitoreo forestal, prevención/gestión de incendios, revisión/actualización normativa y aspectos de tenencia de la tierra). El financiamiento total previsto es de US$25 millones (60% capital ordinario regular y 40% concesional), con clasificación socioambiental Categoría B y riesgo socioambiental Sustancial, contemplando instrumentos de gestión ambiental y social (AAS, PGAS y PPPI) y requisitos de Normas de Desempeño Ambientales y Sociales aplicables.

Comunidades Solidarias es una intervención que busca brindar atención integral a familias y personas que enfrentan mayores niveles de pobreza y exclusión social en las áreas urbanas y rurales del país. Es un programa gubernamental que busca materializar el ejercicio efectivo de derechos de la población y está contenido dentro del Sistema de Protección Social Universal. Comprende intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y los hogares en condición de extrema pobreza y exclusión social. Se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos: capital humano, infraestructura social básica, generación de ingreso y gestión territorial.