55,9% y 55,4% fueron las tasas de informalidad masculina y femenina en ALC (OECD, 2024).

3 de cada 10 mujeres jóvenes lograron empleo en 2022 (OECD, 2024).

39,6% de empleo juvenil se observó en ALC en 2022 (OECD, 2024).

El proyecto busca ampliar el acceso al crédito para poblaciones rurales y de bajos ingresos en Colombia, incluidas mujeres microempresarias, mediante el respaldo financiero directo a UNI2, institución de financiamiento rural. La operación se enmarca en el Programa de Empresariado Social y Pequeños Proyectos (SMP) del BID y apunta a mejorar la inclusión financiera de los productores agropecuarios colombianos.

Cooperación técnica orientada a mejorar la rentabilidad agrícola y la sostenibilidad ambiental en la Amazonía peruana mediante una plataforma PhyGital (física y digital) que combina asesoramiento agronómico personalizado basado en inteligencia artificial con la distribución trazable de insumos agrícolas para pequeños productores de cacao en las provincias de Juanjui y Tocache (San Martín). La iniciativa integra identidad digital en blockchain, una red descentralizada de emprendedores locales denominados "Inges Agrayu" con enfoque de género, y monitoreo satelital de deforestación, buscando incrementar la productividad en un 19% e inducir una reducción del 17% en la tasa de deforestación local. Fue seleccionada mediante la convocatoria Amazonía BioBuilders (RG-O1711) y se enmarca en el Programa Amazonía Siempre del Grupo BID, con proyección de escalar a más de 20.000 familias productoras en la región amazónica.

Iniciativa de inversión financiada por el BID a través del "Development Fund for Colombia-Peru B", orientada a contribuir al desarrollo socioeconómico y alimentario sostenible de las comunidades rurales en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) del Alto Putumayo entre Perú y Colombia. Busca fortalecer los sistemas agroforestales (SAF) de cacao, mejorar la seguridad y diversidad alimentaria con enfoque de género, y consolidar la gobernanza territorial y la articulación binacional para la gestión sostenible del territorio. La iniciativa opera en un contexto de frontera amazónica, promoviendo la coordinación institucional y comunitaria entre ambos países como eje de sostenibilidad e inclusión.

Regula la entrega de una subvención parcial del 75% del costo de kits apícolas —integrados por material vivo (reinas), material apícola e insumos— a asociaciones apícolas sin fines de lucro y apicultores independientes en Ecuador continental, dentro del Componente 3 del proyecto FPARTAA. El mecanismo se articula mediante convenios de transferencia de recursos con BanEcuador B.P., convenios de cooperación con empresas proveedoras y convenios de coejecución con los beneficiarios, quienes cubren un copago del 25%. La política prioriza a productores de la agricultura familiar y campesina y busca una participación femenina de al menos el 24%, fortaleciendo así la producción sostenible de miel entre pequeños y medianos apicultores.

El decreto crea el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN) como instancia encargada de impulsar y coordinar la participación interinstitucional e intersectorial en la formulación y el seguimiento de las políticas nacionales de alimentación y nutrición en Bolivia. Responde a compromisos internacionales orientados a reducir la desnutrición infantil y la malnutrición por carencia de micronutrientes, priorizando a la niñez y a las mujeres.

Programa dirigido a personas jóvenes entre los 18 y 35 años de los sectores agricolas, pecuarios, agroturisticos y agroindustriales que requieren financiamiento, asistencia y acompañamiento para la creación de sus proyectos.

Esta iniciativa es un Préstamo de Inversión para Proyecto Específico (HO-L1259) en Honduras, con el ICF como organismo ejecutor, orientada a conservar y restaurar la cobertura forestal y sus servicios ecosistémicos en áreas priorizadas. El objetivo general es contribuir a conservar y restaurar la cobertura forestal, y sus objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de prácticas forestales y agroforestales (SAF/SSP) que aumenten la cobertura forestal, (ii) diversificar los medios de vida de la forestería comunitaria, y (iii) fortalecer la capacidad institucional del ICF para la conservación y el manejo forestal. El proyecto se implementará en municipios seleccionados de Olancho, Yoro, Atlántida, Colón y El Paraíso, priorizados con criterios ambientales y sociales vinculados a la restauración forestal, hidrología y vulnerabilidad climática, entre otros. Sus componentes principales incluyen: (I) adopción de SAF/SSP con asistencia técnica y paquetes tecnológicos, (II) gestión forestal comunitaria con planes de negocio, asistencia técnica integral e intercambios de conocimiento, y (III) fortalecimiento institucional del ICF (registro y monitoreo forestal, prevención/gestión de incendios, revisión/actualización normativa y aspectos de tenencia de la tierra). El financiamiento total previsto es de US$25 millones (60% capital ordinario regular y 40% concesional), con clasificación socioambiental Categoría B y riesgo socioambiental Sustancial, contemplando instrumentos de gestión ambiental y social (AAS, PGAS y PPPI) y requisitos de Normas de Desempeño Ambientales y Sociales aplicables.

Esta iniciativa busca fortalecer sistemas productivos agroforestales sostenibles en fincas cafeteras que contribuyan al cierre de la frontera agropecuaria para la reducción de la deforestación y la generación de ingresos para pequeños productores rurales. El proyecto incluye el establecimiento de aproximadamente 2.000 hectáreas de sistemas agroforestales mediante la siembra de 500.000 árboles forestales, el fortalecimiento de 600 hectáreas de plantaciones de café existentes, y el fortalecimiento del proceso productivo para la reducción de impactos ambientales. Se implementará un programa de extensión agroforestal con enfoque de género que incluye capacitación técnica, planes comerciales y acuerdos voluntarios de cero deforestación. La iniciativa beneficiará a pequeños productores cafeteros en los departamentos de Cesar, Magdalena, Santander y Norte de Santander, priorizando población vulnerable, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas con un mínimo del 25% de participación de mujeres.

Comunidades Solidarias es una intervención que busca brindar atención integral a familias y personas que enfrentan mayores niveles de pobreza y exclusión social en las áreas urbanas y rurales del país. Es un programa gubernamental que busca materializar el ejercicio efectivo de derechos de la población y está contenido dentro del Sistema de Protección Social Universal. Comprende intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar las capacidades básicas y promover la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y los hogares en condición de extrema pobreza y exclusión social. Se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos: capital humano, infraestructura social básica, generación de ingreso y gestión territorial.