25% de reducción anual de GEI podría lograrse globalmente con modelos de producción sostenibles (CAF, 2025).

Más del 20% de bosques y tierras arables están degradados por erosión y manejo no sostenible (CAF, 2025).

102 000 millones USD es la brecha anual en ALC19 para clima y biodiversidad (OECD, 2024).

Esta cooperación técnica regional busca facilitar la transición de la ganadería convencional hacia modelos de gestión ganadera sostenible en el bioma amazónico, integrando la protección de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas con beneficios económicos, sociales y ambientales. Para ello, fomentará una plataforma regional de actores clave con nodos y redes que promuevan colaboración e intercambio de conocimientos sobre ganadería sostenible en la Amazonía. Asimismo, recopilará y sistematizará evidencia existente, identificará brechas de información y documentará mejores prácticas, lecciones aprendidas e indicadores para medir avances en sostenibilidad. Con base en ese conocimiento, desarrollará materiales y eventos de difusión para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia y facilitar la adopción de prácticas sostenibles por actores regionales. Finalmente, implementará una granja demostrativa como modelo productivo exitoso para aplicar y mostrar prácticas sostenibles de manejo del ganado y favorecer su réplica o adaptación en otros territorios amazónicos.

La iniciativa es una cooperación técnica binacional en la cuenca del río Putumayo, en la Zona de Integración Fronteriza Perú–Colombia, orientada a fortalecer la pesca artesanal sostenible y la seguridad alimentaria con acceso a mercados. Promueve la gobernanza pesquera transfronteriza mediante una mesa binacional, diagnósticos y campañas de monitoreo enfocadas en calidad de agua y especies ícticas de interés comercial. Impulsa bionegocios asociados a la cadena pesquera con sensibilización y capacitación, educación financiera, asistencia técnica, formulación de modelos de negocio y apoyo a equipamiento, además de ferias binacionales y alianzas comerciales. Incluye acciones de seguridad alimentaria a través de planes comunitarios, capacitaciones en buenas prácticas alimentarias, escuelas de campo y soluciones colectivas para acceso a agua (recolección, filtrado y almacenamiento). Su ejecución se realiza por agencias ejecutoras en Perú y Colombia durante 24 meses con financiamiento del Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Colombia–Perú, con inicio requerido en septiembre de 2025.

Esta iniciativa es un Préstamo de Inversión para Proyecto Específico (HO-L1259) en Honduras, con el ICF como organismo ejecutor, orientada a conservar y restaurar la cobertura forestal y sus servicios ecosistémicos en áreas priorizadas. El objetivo general es contribuir a conservar y restaurar la cobertura forestal, y sus objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de prácticas forestales y agroforestales (SAF/SSP) que aumenten la cobertura forestal, (ii) diversificar los medios de vida de la forestería comunitaria, y (iii) fortalecer la capacidad institucional del ICF para la conservación y el manejo forestal. El proyecto se implementará en municipios seleccionados de Olancho, Yoro, Atlántida, Colón y El Paraíso, priorizados con criterios ambientales y sociales vinculados a la restauración forestal, hidrología y vulnerabilidad climática, entre otros. Sus componentes principales incluyen: (I) adopción de SAF/SSP con asistencia técnica y paquetes tecnológicos, (II) gestión forestal comunitaria con planes de negocio, asistencia técnica integral e intercambios de conocimiento, y (III) fortalecimiento institucional del ICF (registro y monitoreo forestal, prevención/gestión de incendios, revisión/actualización normativa y aspectos de tenencia de la tierra). El financiamiento total previsto es de US$25 millones (60% capital ordinario regular y 40% concesional), con clasificación socioambiental Categoría B y riesgo socioambiental Sustancial, contemplando instrumentos de gestión ambiental y social (AAS, PGAS y PPPI) y requisitos de Normas de Desempeño Ambientales y Sociales aplicables.

Marco nacional que establece el enfoque de Uruguay para emitir bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad, alineando el costo de financiamiento público con el cumplimiento de metas climáticas y de conservación de bosques nativos al 2025. El documento define indicadores clave de desempeño (reducción de emisiones de GEI por unidad de PIB y mantenimiento del 100% del bosque nativo), detalla los mecanismos de verificación y reporte anual, y articula la estrategia país para avanzar hacia la neutralidad de carbono y la protección de ecosistemas bajo el Acuerdo de París. También integra políticas sectoriales en energía, transporte, agricultura y uso del suelo, respaldadas por un marco institucional interministerial.

La Ley 2539 de 2025 modifica la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017 para incluir explícitamente a las juventudes rurales en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. La norma garantiza y prioriza su acceso progresivo a la tierra, a proyectos productivos acordes con sus planes de vida, al desarrollo de actividades productivas rurales sostenibles, a la formación académica y técnica, al financiamiento y a la asociatividad. Asimismo, establece su participación en las instancias de gobernanza del territorio, crea un trazador presupuestal específico para juventudes rurales, promueve la innovación, el uso de TIC, el arraigo cultural y medidas especiales para jóvenes víctimas del conflicto armado, contribuyendo a la reforma rural integral con enfoque territorial, generacional y étnico.

La Estrategia Nacional de Biodiversidad de Costa Rica 2016-2025 es el principal instrumento de implementación de la Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030, que busca revertir la pérdida y deterioro de la biodiversidad en sus diferentes niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. La estrategia identifica siete temas estratégicos prioritarios que incluyen la conservación in situ del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, la restauración de ecosistemas terrestres, marino-costeros y dulce-acuícolas, el ordenamiento territorial, y el fortalecimiento de la gobernanza y participación ciudadana. El marco de política establece 23 metas globales al 2025, 98 metas nacionales al 2020 y cuenta con un portafolio de 41 programas y proyectos activos con financiamiento de USD 100 millones para el período 2016-2020. La estrategia se desarrolló mediante un amplio proceso participativo con más de 1,021 personas incluyendo pueblos indígenas, comunidades locales, sector privado, academia e instituciones gubernamentales, bajo enfoques de derechos humanos, género, ecosistemas y gestión por resultados.

Esta cooperación técnica regional busca facilitar la transición de la ganadería convencional hacia modelos de gestión ganadera sostenible en el bioma amazónico, integrando la protección de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas con beneficios económicos, sociales y ambientales. Para ello, fomentará una plataforma regional de actores clave con nodos y redes que promuevan colaboración e intercambio de conocimientos sobre ganadería sostenible en la Amazonía. Asimismo, recopilará y sistematizará evidencia existente, identificará brechas de información y documentará mejores prácticas, lecciones aprendidas e indicadores para medir avances en sostenibilidad. Con base en ese conocimiento, desarrollará materiales y eventos de difusión para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia y facilitar la adopción de prácticas sostenibles por actores regionales. Finalmente, implementará una granja demostrativa como modelo productivo exitoso para aplicar y mostrar prácticas sostenibles de manejo del ganado y favorecer su réplica o adaptación en otros territorios amazónicos.

La iniciativa es una cooperación técnica binacional en la cuenca del río Putumayo, en la Zona de Integración Fronteriza Perú–Colombia, orientada a fortalecer la pesca artesanal sostenible y la seguridad alimentaria con acceso a mercados. Promueve la gobernanza pesquera transfronteriza mediante una mesa binacional, diagnósticos y campañas de monitoreo enfocadas en calidad de agua y especies ícticas de interés comercial. Impulsa bionegocios asociados a la cadena pesquera con sensibilización y capacitación, educación financiera, asistencia técnica, formulación de modelos de negocio y apoyo a equipamiento, además de ferias binacionales y alianzas comerciales. Incluye acciones de seguridad alimentaria a través de planes comunitarios, capacitaciones en buenas prácticas alimentarias, escuelas de campo y soluciones colectivas para acceso a agua (recolección, filtrado y almacenamiento). Su ejecución se realiza por agencias ejecutoras en Perú y Colombia durante 24 meses con financiamiento del Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Colombia–Perú, con inicio requerido en septiembre de 2025.

Esta iniciativa es un Préstamo de Inversión para Proyecto Específico (HO-L1259) en Honduras, con el ICF como organismo ejecutor, orientada a conservar y restaurar la cobertura forestal y sus servicios ecosistémicos en áreas priorizadas. El objetivo general es contribuir a conservar y restaurar la cobertura forestal, y sus objetivos específicos son: (i) incrementar la adopción de prácticas forestales y agroforestales (SAF/SSP) que aumenten la cobertura forestal, (ii) diversificar los medios de vida de la forestería comunitaria, y (iii) fortalecer la capacidad institucional del ICF para la conservación y el manejo forestal. El proyecto se implementará en municipios seleccionados de Olancho, Yoro, Atlántida, Colón y El Paraíso, priorizados con criterios ambientales y sociales vinculados a la restauración forestal, hidrología y vulnerabilidad climática, entre otros. Sus componentes principales incluyen: (I) adopción de SAF/SSP con asistencia técnica y paquetes tecnológicos, (II) gestión forestal comunitaria con planes de negocio, asistencia técnica integral e intercambios de conocimiento, y (III) fortalecimiento institucional del ICF (registro y monitoreo forestal, prevención/gestión de incendios, revisión/actualización normativa y aspectos de tenencia de la tierra). El financiamiento total previsto es de US$25 millones (60% capital ordinario regular y 40% concesional), con clasificación socioambiental Categoría B y riesgo socioambiental Sustancial, contemplando instrumentos de gestión ambiental y social (AAS, PGAS y PPPI) y requisitos de Normas de Desempeño Ambientales y Sociales aplicables.