Las pérdidas económicas causadas por las inundaciones de 2005 en Guyana equivalieron aproximadamente al 60 % del PIB y afectaron a cerca del 37 % de la población.

1.276 hectáreas fue la ganancia neta de cobertura de manglares registrada en Guyana entre 2022 y 2023. La Región 6 aumentó 1.642 hectáreas, mientras que la Región 1 registró una pérdida neta de 805 hectáreas.

51 de las 64 razas de maíces nativos fueron resguardadas mediante 191 bancos y casas de semillas establecidos por la estrategia.

Cartera nacional de 22 proyectos de mitigación climática cuya implementación se habilita a partir de 2026 mediante mecanismos de cooperación internacional del Artículo 6.2 del Acuerdo de París y acuerdos bilaterales de Chile con Suiza y Japón. La iniciativa moviliza más de USD 1.400 millones en inversión climática y busca acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante instrumentos de precio y mercados de carbono con estándares de transparencia, trazabilidad e integridad ambiental. Los proyectos se concentran en tipologías de alto impacto y escalabilidad, incluyendo almacenamiento de energía, electromovilidad, captura y valorización de biogás en rellenos sanitarios y acciones de manejo, recuperación y conservación asociadas al bosque nativo.

Iniciativa nacional del Ministerio del Medio Ambiente de Chile que, mediante el XXIX Concurso del Fondo de Protección Ambiental 2026, financia 144 proyectos ciudadanos orientados a proteger, conservar o recuperar el medio ambiente en todas las regiones del país. Los proyectos son ejecutados por organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, centros de padres y apoderados, fundaciones, corporaciones sin fines de lucro, asociaciones y comunidades indígenas, entre otras organizaciones elegibles. Cada proyecto recibe un aporte de CLP 6.000.000 y puede desarrollar acciones relacionadas con recuperación o preservación de la biodiversidad, educación ambiental, huertos escolares o comunitarios, gestión y manejo de residuos, cambio climático, ahorro y eficiencia energética, y eficiencia hídrica.

Programa público nacional ejecutado por la Subsecretaría del Medio Ambiente de Chile para apoyar la implementación de políticas, planes, acciones e instrumentos de adaptación y mitigación frente al cambio climático durante 2026. El programa financia la implementación y seguimiento de planes sectoriales de adaptación y mitigación, Planes de Acción Regional de Cambio Climático, actividades vinculadas con la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile y proyectos de conservación, restauración y manejo de ecosistemas urbanos y rurales mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza. Asimismo, permite coordinar acciones con gobiernos regionales y municipalidades para incorporar soluciones climáticas y ambientales en la planificación territorial.

La Contribución Nacionalmente Determinada de Costa Rica 2025-2035 actualiza los compromisos climáticos nacionales mediante una visión integral que articula mitigación y adaptación bajo principios de progresividad, integridad ambiental, transparencia y justicia social. El marco consolida y eleva la ambición climática mediante un portafolio multisectorial de acciones orientadas a la descarbonización, la resiliencia climática y las soluciones basadas en la naturaleza. Incluye metas de mitigación, protección y restauración de ecosistemas, fortalecimiento de la resiliencia territorial, arreglos institucionales para la implementación y compromisos relacionados con igualdad de género, participación juvenil y reconocimiento de los pueblos indígenas.

La Resolución dictada por el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura de Venezuela establece normas destinadas a evitar la captura incidental y la mortalidad de mamíferos acuáticos, tortugas marinas y aves marinas durante el ejercicio de actividades de pesca y acuicultura en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. La regulación se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realicen pesca artesanal, industrial o deportiva y actividades de acuicultura en aguas del territorio nacional. La norma prohíbe la retención a bordo, transporte, venta, consumo o utilización como carnada de ejemplares de las especies protegidas, así como cualquier perturbación, interferencia, lesión, daño o muerte ocasionada durante las actividades pesqueras y acuícolas. Cuando se produzca una captura incidental, los ejemplares deberán ser devueltos a su hábitat natural procurando evitar perturbaciones o daños y la captura deberá notificarse al Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura. Los capitanes o autoridades de los buques pesqueros deben registrar en la bitácora o cuaderno de pesca los avistamientos o interacciones con las especies protegidas y consignar dicha información ante el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA). Las personas dedicadas a la pesca y acuicultura deben adoptar medidas de mitigación y reducción de capturas incidentales. La Resolución fue publicada en la Gaceta Oficial N.º 43.344 del 27 de marzo de 2026 y entró en vigencia en esa misma fecha.

El Decreto Legislativo No. 510 crea la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA) y establece el marco jurídico e institucional para el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas en El Salvador bajo el enfoque de economía azul. La ASEA es una institución oficial autónoma de derecho público, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Economía, y ejerce la rectoría del sector pesquero y acuícola. Sus competencias incluyen regular el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, autorizar, monitorear e inspeccionar actividades pesqueras y acuícolas, otorgar, suspender y revocar autorizaciones y licencias, aplicar medidas preventivas y sanciones, fortalecer la trazabilidad, calidad e inocuidad de los productos, promover el desarrollo sostenible de cadenas de valor, innovación, investigación científica, transferencia tecnológica, acceso a mercados y coordinación con instituciones públicas, sector empresarial y organismos internacionales. El marco busca contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, el crecimiento económico, la generación de empleo e ingresos y el uso racional de los recursos marinos y de agua dulce sin comprometer la conservación del medio ambiente.

El proyecto de Fortalecimiento Institucional se diseñó para mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de Guyana para implementar la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (LCDS) y la alianza REDD+. Se centró en fortalecer la Oficina de Cambio Climático (OCC), la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y la Comisión Forestal de Guyana (GFC).

Proyecto orientado a conservar in situ la agrobiodiversidad en cinco macro ecorregiones y mejorar los medios de vida de la población local. Busca incorporar la valoración, conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad en políticas, marcos regulatorios y programas nacionales de salud, educación, desarrollo rural y seguridad alimentaria. Incluye la generación de incentivos de mercado y procesos de sensibilización y capacitación para el manejo sostenible de recursos naturales.

Proyecto regional implementado en Cuba, Guatemala, México y República Dominicana que desarrolla medidas de adaptación basada en ecosistemas (AbE) y mecanismos innovadores de gobernanza y financiamiento en cuencas hidrográficas prioritarias, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante eventos climáticos extremos. El proyecto combina la restauración forestal y el establecimiento de sistemas agroforestales con valoraciones económicas de servicios ecosistémicos, el fortalecimiento de instancias de gobernanza participativa y la vinculación de actores del sector privado a esquemas de financiamiento sostenible