10.000 millones de personas deberán ser alimentadas mediante tecnologías que permitan producir más alimentos a menor costo.

US$9.000 millones se destinaron a nueva investigación para elevar los rendimientos agrícolas, frente a US$2.500 millones en 2016.

3 beneficios estratégicos, mayor eficiencia nutricional, tolerancia al estrés climático y calidad comercial, impulsan la incorporación de bioestimulantes en la agricultura orientada a la exportación.

Programa nacional ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica para mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la participación económica de pequeños y medianos productores agropecuarios. La operación utiliza un esquema de financiamiento por resultados (Program-for-Results, PforR) y cuenta con un financiamiento total de US$695 millones: US$555 millones aportados como contrapartida por el Gobierno de Costa Rica, US$120 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial) y US$20 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El programa contempla la modernización de los servicios públicos de extensión, una plataforma digital de información de productores, trazabilidad agropecuaria, infraestructura productiva y de cadena de frío, asistencia técnica, acceso a financiamiento para la adopción de prácticas NAMA y mecanismos de pago por servicios ambientales vinculados con el secuestro de carbono en suelos agrícolas. El Programa beneficiará directamente a 10.500 productores y alcanzará a 30.000 productores de manera directa e indirecta, equivalentes a unas 90.000 personas al incluir miembros de sus familias, con atención explícita a mujeres y jóvenes.

Proyecto de innovación orientado a desarrollar y validar un proceso piloto de bioconversión de residuos orgánicos mediante la cría controlada de insectos, para producir biofertilizantes y pellets proteicos destinados a mejorar la productividad agrícola y la alimentación animal. La iniciativa se desarrolla en la región de Tarapacá y busca promover sistemas agroalimentarios sostenibles en zonas áridas mediante la valorización de residuos, el aprovechamiento de biomasa de insectos, la mejora de la fertilidad del suelo y la generación de insumos agrícolas y pecuarios de origen local.

Iniciativa de investigación y desarrollo tecnológico orientada a crear una herramienta informática para el análisis integrado de riesgos hidroclimáticos y la evaluación de opciones de adaptación al cambio climático en la pequeña y mediana agricultura de la cuenca del río Aconcagua, Chile. La plataforma busca identificar y visualizar las zonas con mayor riesgo frente a sequías, precipitaciones intensas, incendios y heladas, considerando la interacción entre amenaza climática, exposición y vulnerabilidad. El proyecto también desarrolla un modelo participativo de apoyo a la toma de decisiones para priorizar, monitorear y evaluar medidas de adaptación, incorporando las perspectivas de agricultores, instituciones públicas y otros actores del territorio.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la guía de los objetivos y acciones del Gobierno de México en los próximos años. Estos objetivos consisten en consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad.

La Agenda de Revolución Verde de 10 Pilares de Santa Lucía constituye un marco estratégico nacional para transformar los sectores agrícola, pesquero y agroalimentario mediante una agricultura moderna, resiliente al clima, inclusiva y productiva. Fue presentada por la Ministra de Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sostenible durante su contribución al Budget 2026/2027. La Agenda está estructurada en diez pilares: innovación y tecnología para modernizar la agricultura mediante plataformas digitales y agricultura inteligente; resiliencia climática mediante seguridad hídrica, manejo de suelos y sistemas adaptativos; revitalización de las cadenas de banano y plátano; modernización de infraestructura pesquera; expansión de una economía azul sostenible y resiliente al clima; expansión ganadera y aumento de la producción nacional de carne, incluyendo infraestructura nacional de faena; expansión de cultivos de alto valor, raíces, tubérculos y cultivos arbóreos; fortalecimiento de la producción nacional de alimentos y del agroprocesamiento; inclusión de jóvenes y mujeres en las cadenas de valor; y sustitución de importaciones alimentarias. El objetivo transversal es fortalecer la seguridad alimentaria, reducir la dependencia de alimentos importados, incrementar la producción y productividad agrícola y pesquera, mejorar la resiliencia económica y climática y ampliar las oportunidades para productores, pescadores y agroemprendedores. La implementación incluye ampliación de la superficie cultivada, incremento de la producción ganadera y pesquera, fortalecimiento del agroprocesamiento, modernización de los servicios de extensión agrícola e inversiones para aumentar la resiliencia climática. Durante 2026 el Gobierno inició acciones técnicas con IICA y CATIE para desarrollar una hoja de ruta estratégica de implementación, fortalecer capacidades institucionales, impulsar innovación y mejorar los servicios prestados a los productores.

La Resolución SENASA 199/2026 aprueba un nuevo marco regulatorio para la Evaluación de Aptitud Alimentaria Humana y Animal de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y sus productos derivados en Argentina. La norma moderniza el régimen vigente desde 2002 e incorpora un enfoque científico basado en hipótesis de riesgo, que permite adecuar la información exigida a las características de cada caso y concentrar el análisis en aquellos aspectos relevantes para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano y animal. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo dependiente de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, es la autoridad de aplicación y responsable de efectuar las evaluaciones. La Resolución establece requisitos para solicitar la evaluación, criterios y fundamentos científicos, procedimientos de análisis de riesgo para OGM vegetales, protección de información confidencial, mecanismos de evaluación y un régimen de sanciones por incumplimiento. La norma abroga la Resolución SENASA 412/2002 y complementa el marco regulatorio nacional actualizado para las actividades con organismos genéticamente modificados.

El proyecto formó parte de un esfuerzo coordinado por donantes activos en Guyana para ayudar al Gobierno a mitigar el impacto del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que afectó a Guyana a partir de 1997. El Proyecto de Asistencia de Emergencia para El Niño se preparó en respuesta a las necesidades identificadas de prevención y reconstrucción de emergencias. Los objetivos del proyecto fueron: (a) contribuir a la recuperación de la capacidad agrícola del país en las zonas afectadas por la sequía mediante medidas de reducción de la vulnerabilidad en las áreas con extremos hidrológicos; (b) contribuir a proporcionar agua potable segura y confiable a las comunidades marginales urbanas, remotas del interior y ribereñas afectadas por la sequía; y (c) contribuir a la restauración de la protección contra inundaciones en las zonas bajas de la ciudad de Georgetown.

El proyecto apoya el establecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria mediante el fortalecimiento institucional del organismo rector, la articulación de redes de innovación descentralizadas con participación de actores públicos y privados, y la administración de fondos concursables para subproyectos de investigación estratégica, investigación adaptativa, extensión agraria, desarrollo de empresas semilleristas y formación de capacidades. Incluye un programa de becas nacionales e internacionales para investigadores y extensionistas, y el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación para el sistema de innovación agraria. Su objetivo es crear las condiciones para que las organizaciones miembros del sistema nacional mejoren su efectividad en el desarrollo y provisión de tecnologías agropecuarias mejoradas a productores rurales.

PRESICA desarrolló un modelo de innovación agrícola regional basado en Consorcios Locales de Innovación, que articulan productores, institutos de investigación, universidades, ONGs y sector privado en torno a cadenas de valor de maíz, frijol, yuca y chile dulce. La estrategia partió de las demandas tecnológicas de los productores para impulsar investigación, validación tecnológica, transferencia y extensión con enfoque territorial. El proyecto operó en 8 países de Centroamérica y República Dominicana, conformando 22 consorcios locales. Contribuyó al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales y Regional de Innovación Agrícola como bien público.