El documento examina el agravamiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en América Latina y el Caribe, una crisis profundizada por la pandemia de COVID-19, los conflictos, el cambio climático, el bajo crecimiento económico y una inflación de alimentos que alcanzó el 23,5% en 2021. Como resultado, en 2022 alrededor de 248 millones de personas —el 37,4% de la población— enfrentaron inseguridad alimentaria, con un impacto especialmente severo en las zonas rurales, donde la pobreza extrema duplica el promedio regional. La región también registra un costo de dieta saludable superior al promedio mundial, lo que dificulta su acceso. Para erradicar el hambre hacia 2030, el informe estima que ALC requiere una inversión adicional anual de USD 8.000 millones, distribuida en un portafolio de intervenciones costo-efectivas en cuatro áreas: sistemas alimentarios, resiliencia climática, protección social e infraestructura rural. Se recomienda priorizar USD 6.000 millones en infraestructura rural y agricultura —en especial la agricultura familiar— por ser tres veces más efectiva en la reducción de la pobreza, sostener hasta el 77% del empleo agrícola y ser fundamental para garantizar un acceso universal y sostenible a los alimentos.